El Congreso en la Política Mexicana La ingobernabilidad y el restablecimiento del Senado como punto de equilibrio entre los poderes

Por Aldair Frías Coria

Tiempo de lectura: 7 minutos

Durante la República Restaurada (1867 – 1878), México vivió un clima de ingobernabilidad, que se expresó en una débil institucionalización de las organizaciones y procesos políticos, en la falta de legitimidad de las estructuras políticas y en las frecuentes rebeliones y sublevaciones.

La ingobernabilidad fue producto de la enconada lucha de los actores políticos para consolidar un orden liberal y un Estado de derecho en un nuevo marco institucional. El escenario político se dividió en dos polos: los grupos gobiernistas, de corte federalista   presidencialista, pugnaron por restablecer el Senado al que veían como una institución que permitiría superar la ingobernabilidad. En el otro extremo estaban los grupos asambleístas – confederalistas, que defendieron el sistema unicameral.

El debate parlamentario para restablecer el Senado en México duró siete años, periodo en el cual las competencias proyectadas para esta Cámara fueron cambiando. Al principio, se creyó conveniente instituir una cámara que moderara los conflictos entre el presidente y el Congreso; después se vio que podría controlar al Ejecutivo y con ello garantizar que no se instaurara una dictadura. Por último, los grupos gobiernistas también lucharon por hacer del Senado el encargado de conciliar los conflictos entre la Federación y los estados.

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LAS RELACIONES ENTRE EL PRESIDENTE Y EL CONGRESO.

Con la derrota de las fuerzas armadas durante el Segundo Imperio Mexicano, en julio de 1867, el gobierno provisional de Benito Juárez se estableció en la Ciudad de México y de manera inmediata buscó fortalecer el poder presidencialista; por ende, trató de suprimir los elementos asambleístas del sistema político mexicano.

El breve lapso en que la Constitución de 1857 estuvo en vigor mostró que era posible que una legislatura con mayoría opositora impidiera el Ejecutivo gobernar, e incluso, la ley fundamental permitía que los diputados dieran un golpe de Estado, tal y como la experiencia lo había demostrado. El gobierno provisional promulgó la Convocatoria para la elección de supremos poderes del 14 de agosto de 1867, la cual proponía que los ciudadanos también votaran en un plebiscito varias reformas constitucionales. Sebastián Lerdo de Tejada, en calidad de Secretario Provisional de Relaciones Exteriores y Gobernación, envió una circular a los gobernadores en la que explicaba la importancia de cada una de las cinco reformas.

La primera de estas buscó restablecer el Senado en México, mientras que la segunda intentó corregir el artículo 71 constitucional, que permitía a la representación popular ignorar las sugerencias del presidente para modificar una iniciativa de ley; por esta razón proponía en el plebiscito facultar al Ejecutivo con veto suspensivo en las primeras resoluciones del Poder Legislativo.

La tercera reforma propuso que los Secretarios de Estado presentaran su informe al Congreso por escrito, en lugar de hacerlo verbalmente, para evitar que se continuaran dando discusiones personales entre un “ministro” y los diputados, puesto que “todos pueden recordar en México algunas escenas deplorables en que han padecido a la vez la dignidad y el crédito del Legislativo”; pero lo que más interesaba al gobierno era reforzar el sentido republicano, haciendo del Jefe de gobierno el único responsable del Poder Ejecutivo.

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Con la cuarta reforma el Ejecutivo quería restringir las atribuciones de la Comisión Permanente del Congreso para convocar a sesiones extraordinarias, ya que la diputación permanente podía citar a sesiones extraordinarias con el voto de siete diputados, lo que permitía –según Lerdo- que el Congreso se reuniera por “motivos ligeros o de solo interés particular”.

La última reforma del plebiscito propuso determinar constitucionalmente el nombramiento del encargado provisional del Ejecutivo, en caso de que faltaran simultáneamente el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que la Carta Magna no preveía el caso en que ambos magistrados faltaran. El Ejecutivo sabía que el Congreso de la Unión no aprobaría estas medidas diseñadas necesariamente para restringir sus facultades.

Así, el gobierno provisional convocó al plebiscito como un mecanismo extra constitucional con el que el presidente se propuso evitar que en la discusión de las reformas intervinieran la representación nacional y las legislaturas de los estados. Sin embargo, la ley fundamental establecía que toda iniciativa que tuviera por objetivo reformarla o adicionarla debía aprobarse por dos terceras partes de los diputados presentes en el Congreso y por la mayoría de las legislaturas de los estados.

El Secretario de Gobernación, Sebastián Lerdo de Tejada, en su circular, dedicó un largo espacio a la necesidad de reintroducir el Senado porque consideraba que “el Ejecutivo carece de autoridad propia frente al Legislativo y que esto puede oponer muy graves dificultades para el ejercicio normal de las funciones de ambos poderes”.

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En seguida explicó que el Constituyente había establecido “en lugar de un congreso, una convención”, a fin de llevar a cabo la reforma social del país. El Secretario de Gobernación reprodujo el principal argumento que sostuvieron José María Iglesias y varios diputados para defender la introducción del Senado en el Constituyente: una segunda cámara podía moderar a la tan poderosa Cámara de Diputados. La originalidad de Lerdo radica en que afirmó que las Leyes de Reforma habían concluido la revolución liberal; por lo tanto, el sistema unicameral debería cambiarse.

En respuesta a la circular de Lerdo, la mayor parte de los gobernadores se comprometieron a publicar la Convocatoria y apoyar el plebiscito en sus estados, excepto el general Juan N. Méndez, León Guzmán y Domingo Rubí, gobernadores de Puebla, Guanajuato y Sinaloa, respectivamente. La prensa y varios ayuntamientos y también se opusieron a las reformas y, en particular, a que se estableciera una segunda cámara, ya que la consideraban una estrategia para dividir al Poder Legislativo y por lo tanto debilitarlo. A pesar de la importancia de este argumento, la incipiente oposición se aglutinó en favor de que no era posible reformar la Carta Magna a través de un plebiscito. De esta manera las reformas que conducirían a fortalecer el presidencialismo en México se condenaron por los medios y no por las consecuencias que generarían sobre el sistema político.

La convocatoria rompió la alianza de guerra que los diversos grupos liberales (el llamado Partido Liberal) habían suscrito para enfrentarse al Segundo Imperio Mexicano. La élite política se dividió entre los que se inclinaban por un Ejecutivo disminuido y los que preferían su fortalecimiento. Las divergencias se expresaron en el proceso electoral de 1867 para elegir a los tres poderes federales. Contendieron por la presidencia de la República Benito Juárez y Porfirio Díaz, este último postulado por el entonces recién creado Partido Liberal Constitucional, cuyo programa atacó al plebiscito.

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Aquí, insisto, no existían en aquellos días partidos políticos en un sentido moderno, sino que en vísperas de las elecciones presidenciales se organizaban clubes de ciudadanos y estos citaban a convenciones que en la prensa emitían su plataforma electoral y proponían a un candidato (hombre fuerte del momento) que la suscribía. Este mecanismo dio por resultado alianzas entre grupos muy heterogéneos que respondían a factores coyunturales y que, difícilmente, eran capaces de formular y sostener un programa político concreto. Por comodidad en este trabajo, al distinguir los grupos políticos contendientes, se utilizará el nombre de su líder, como lo ha hecho la historiografía generada sobre el tema.

Díaz aglutinó a su alrededor las bases militares de la Guerra de Intervención, a periodistas, abogados y exdiputados constituyentes que se oponían al fortalecimiento del Ejecutivo. Estos últimos veían al general oaxaqueño como un garante de la Constitución, honesto, y su falta de ambiciones intelectuales lo hacía aparecer manipulable.

En los comicios celebrados en julio de 1867 Juárez resultó electo como presidente Constitucional, pues continuaba siendo el líder que contaba con mayor prestigio por su tenaz lucha contra los conservadores y en contra del Segundo Imperio. Entonces era visto como una garantía de estabilidad.

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En las mismas elecciones se eligieron diputados para formar la IV Legislatura Constitucional, en la que ganaron escaños representantes de ambos grupos políticos. Bajo un clima todavía polarizado por el plebiscito, el 13 de diciembre de 1867 los diputados José Rafael Alas y Nicolás Lemus (ambos identificados con Díaz) propusieron al pleno que el Congreso no escrutara los votos emitidos sobre el proyecto de reforma, porque si había de modificarse la Constitución debía hacerse por medios institucionales.

Con este acuerdo parlamentario se pospuso la discusión de las reformas impulsadas por el Ejecutivo. A primera vista parecía un triunfo de la oposición; sin embargo, es posible, como aventura Laurens B. Perry, que no se llevara a cabo el escrutinio del plebiscito porque el gobierno temía que los resultados fueran adversos.

Referencias

  • Laurens B. Perry, Juárez and Díaz: Machine Politics in México, De Kalb, Northern Illinois University Press. 1979.
  • Águila, Marcos Tonatiuh, El liberalismo mexicano y la sucesión presidencial de 1880: dos ensayos, México, Miguel Ángel Porrúa/Universidad Autónoma Metropolitana – A, 1995.
  • Bertola, ELISABETTA, Marcello Carmagnani y Paolo Riguzzi, “Federación y estados: espacios políticos y relaciones de poder en México (siglo XIX)”, en Pedro Pérez Herrero, Región e historia, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora / Universidad Autónoma Metropolitana, 1991.
  • Covo, Jacqueline, Las ideas de la Reforma en México 1855-1861, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1983

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